Entre febrero y abril 2019, mientras continuaba el proceso de recaudación de fondos y se iniciaba el establecimiento de Aid Live Foundation como entidad sin ánimo de lucro, un equipo de expertos en desarrollo social realizó una investigación exhaustiva acerca de las necesidades más urgentes en la población migrante.
El proceso incluyó el análisis de datos de los informes e investigaciones realizadas por organismos internacionales y por las ONG que trabajan en las localidades más vulnerables en Venezuela y en la atención de los migrantes venezolanos en Colombia; sumado a un proceso de observación participante y de Investigación Acción Participativa en las regiones más afectadas. Las localidades seleccionadas para el desarrollo de los programas en Venezuela fueron aquellas que presentaron un mayor índice de desnutrición y de vulnerabilidad de la población.
Mientras que en Colombia se prioriza el desarrollo de programas en las zonas fronterizas y los departamentos con mayor vulnerabilidad de la población migrante. Este proceso dio como resultado la identificación de las necesidades más graves de atención, siendo estas: nutrición y salud para niños y jóvenes, acceso a agua limpia, acceso a servicios de salud con énfasis en salud sexual y reproductiva, e integración de la población migrante en Colombia.
43% de los niños entre 0 y 12 años que forman parte de nuestros programas en Venezuela y Colombia presentan algún grado de desnutrición.
De acuerdo con la ONG Cáritas, en Venezuela el 35% de los niños presenta desnutrición severa. Mientras que en África Subsahariana el índice asciende a 23,8% La desnutrición infantil severa aumentó 100% en 14 estados de Venezuela. Esto se debe a que desde 2018, una familia requiere de 98 salarios mínimos (2 USD) para cubrir sus gastos básicos de alimentación.
Entre diciembre 2017 y febrero 2018 murieron 112 neonatos en la maternidad Santa Ana en Caracas, Venezuela. En 2017, las muertes relacionadas con el embarazo aumentaron 66% en el país.
Con más de 33 muertes por cada 1000 nacidos vivos, en 2018 Venezuela es el país de América Latina con mayor cantidad de muertes infantiles, superando a India, Senegal y Eritrea. Entre 2008 y 2015 solo se presentó un caso de sarampión (en 2012); entre enero 2018 y enero 2019 se contabilizaron 6.395 casos confirmados, incluyendo 76 víctimas mortales.
Entre 2017 y 2019 se presentaron 1559 casos de difteria y 270 muertes. Desde 2016 el país ha experimentado el mayor aumento de malaria en el mundo, 69% con 414.527 casos solo en 2017. Nueve de cada diez venezolanos con VIH no reciben tratamiento.
Entre 2017 y 2019 han muerto más de 5000 pacientes de diálisis por falta de atención médica e insumos. En 2019 más del 79% de los establecimientos de salud no tenían agua corriente, una cuarta parte de las UCI habían cerrado y el 97% presentaba fallas eléctricas.
La atención en salud que requiere la población migrante venezolana es uno de los principales retos para el gobierno colombiano y por ello han solicitado el apoyo de la cooperación internacional y las ONG en el proceso.
40% de la población migrante que se encuentra en el territorio está en situación de irregularidad. A esto se suma un estimado mínimo de 50.000 personas que se encuentran en tránsito como población pendulante o que entraron al territorio de forma ilegal sin ningún tipo de documentación. (Estimaciones de Migración Colombia, OIM y Organizaciones Sociales en territorio) Esto implica que al menos 500.000 personas se encuentran de forma ilegal en el país sin poder trabajar o estudiar y sin aportar al sistema de salud, pensión, etc.
Los migrantes regulares que poseen PEP (Aprox.593.383 personas de acuerdo con Migración Colombia) tienen dificultades de acceso a alquiler de vivienda, créditos o mecanismos de ahorro. Según la GEIH en en 2018 habría un total de 270.373 niños migrantes venezolanos entre 5 y 16 años, los cuales representan una demanda importante para la educación preescolar, básica y media. Acorde a las circulares expedidas por el Ministerio de Educación Nacional entre 2015 y 2018, los niños y adolescentes procedentes de Venezuela que no cuentan con un estatus migratorio regular pueden asistir a instituciones educativas. Sin embargo, al no contar con un documento de identidad válido en Colombia, se enfrentan con múltiples problemas al solicitar certificados de estudio o renovación de cupo en las instituciones educativas.
A pesar de la asignación de cupos y citas por parte del ICBF y el Ministerio para regularizar a los niños migrantes en instituciones educativas, las dificultades de horario, transporte, nivelación y la negativa de algunas instituciones para recibir a estos niños generan una población flotante que no tiene acceso a la educación.
El Decreto 1288 estableció que los estudiantes de preescolar, básica y media hasta grado 10 podrán validar sus estudios realizados en Venezuela en los establecimientos en los que fueron asignados, sin costo alguno. Sin embargo los de grado 11 deben convalidar en el ICFES lo que incrementa la complejidad de acceso a la educación superior.
Según información el Ministerio de Educación Nacional, el volumen de solicitudes de convalidación de títulos pasó de un promedio de 6.000 solicitudes al año en 2012 a 12.000 solicitudes en 2017. A mayo de 2018 ya se habían presentado 9.000 solicitudes. De acuerdo con el Banco Mundial es necesario priorizar la inclusión y la adaptación de los estudiantes migrantes venezolanos por las diferencias entre los modelos educativos. Según los resultados de la caracterización de la población proveniente de Venezuela realizado por OIM en 2017, el 48 % de los encuestados siente angustia, ansiedad y tristeza frecuente, lo que representa un riesgo a su salud mental y un aumento en el consumo de sustancias.
El reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados representa un riesgo especialmente en los municipios fronterizos, mientras que microtráfico es el principal problema en ciudades principales e intermedias.
La falta de empleo, posibilidad de estudios y el ingreso a la mendicidad de los jóvenes.
40% de la población migrante que se encuentra en el territorio está en situación de irregularidad. A esto se suma un estimado mínimo de 50.000 personas que se encuentran en tránsito como población pendulante o que entraron al territorio de forma ilegal sin ningún tipo de documentación. (Estimaciones de Migración Colombia, OIM y Organizaciones Sociales en territorio) Esto implica que al menos 500.000 personas se encuentran de forma ilegal en el país sin poder trabajar o estudiar y sin aportar al sistema de salud, pensión, etc.
Los migrantes regulares que poseen PEP (Aprox.593.383 personas de acuerdo con Migración Colombia) tienen dificultades de acceso a alquiler de vivienda, créditos o mecanismos de ahorro. Según la GEIH en en 2018 habría un total de 270.373 niños migrantes venezolanos entre 5 y 16 años, los cuales representan una demanda importante para la educación preescolar, básica y media. Acorde a las circulares expedidas por el Ministerio de Educación Nacional entre 2015 y 2018, los niños y adolescentes procedentes de Venezuela que no cuentan con un estatus migratorio regular pueden asistir a instituciones educativas. Sin embargo, al no contar con un documento de identidad válido en Colombia, se enfrentan con múltiples problemas al solicitar certificados de estudio o renovación de cupo en las instituciones educativas.
A pesar de la asignación de cupos y citas por parte del ICBF y el Ministerio para regularizar a los niños migrantes en instituciones educativas, las dificultades de horario, transporte, nivelación y la negativa de algunas instituciones para recibir a estos niños generan una población flotante que no tiene acceso a la educación.
El Decreto 1288 estableció que los estudiantes de preescolar, básica y media hasta grado 10 podrán validar sus estudios realizados en Venezuela en los establecimientos en los que fueron asignados, sin costo alguno. Sin embargo los de grado 11 deben convalidar en el ICFES lo que incrementa la complejidad de acceso a la educación superior.
Según información el Ministerio de Educación Nacional, el volumen de solicitudes de convalidación de títulos pasó de un promedio de 6.000 solicitudes al año en 2012 a 12.000 solicitudes en 2017. A mayo de 2018 ya se habían presentado 9.000 solicitudes. De acuerdo con el Banco Mundial es necesario priorizar la inclusión y la adaptación de los estudiantes migrantes venezolanos por las diferencias entre los modelos educativos. Según los resultados de la caracterización de la población proveniente de Venezuela realizado por OIM en 2017, el 48 % de los encuestados siente angustia, ansiedad y tristeza frecuente, lo que representa un riesgo a su salud mental y un aumento en el consumo de sustancias.
El reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados representa un riesgo especialmente en los municipios fronterizos, mientras que microtráfico es el principal problema en ciudades principales e intermedias.
La falta de empleo, posibilidad de estudios y el ingreso a la mendicidad de los jóvenes.
Creemos en la importancia de ir más allá de las acciones tradicionales que abordan la emergencia humanitaria para brindar bienestar y mejorar la salud y nutrición, especialmente de niños, niñas y jóvenes.
Copyright 2021 @ Aid Live Foundation. All rights reserved.
